Transparencia fiscal: ¿a qué precio? El secreto profesional en el punto de mira

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una nueva sentencia que aclara que los asesores fiscales tienen que informar sobre las estructuras fiscales agresivas que crean para sus clientes. Esto incluye las estructuras que podrían ser opacas o poco claras. Sin embargo, esta obligación no aplica a los abogados debido a la necesidad de proteger el secreto profesional que tienen con sus clientes.

En una sentencia reciente del 30 de julio de 2024, el TJUE dejó claro que los asesores fiscales, que ayudan a diseñar estrategias fiscales complejas y a menudo cuestionables, deben comunicar estas estrategias a las autoridades fiscales y a otros involucrados. Esta medida tiene como objetivo evitar la evasión fiscal y asegurar que las prácticas fiscales sean transparentes. La excepción se aplica únicamente a los abogados, ya que su trabajo implica mantener la confidencialidad total sobre lo que les cuentan sus clientes, algo que ya había sido decidido en una sentencia previa del 8 de diciembre de 2022.

Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía Española ha criticado un nuevo Código de Buenas Prácticas propuesto por la Agencia Tributaria. Este código busca fomentar una colaboración más estrecha entre la Agencia Tributaria y los profesionales fiscales para prevenir el fraude. El Consejo sostiene que algunas partes del código podrían obligar a los abogados a revelar información confidencial sobre sus clientes, lo que iría en contra del secreto profesional. Según la ley, los abogados no pueden divulgar información sobre sus clientes, excepto en casos relacionados con el blanqueo de capitales.

Además, el TJUE ha explicado que, aunque las reglas que obligan a informar sobre prácticas fiscales agresivas pueden afectar la privacidad de los contribuyentes, estas restricciones son necesarias para luchar contra el fraude fiscal y asegurar que todos los países de la UE tengan un sistema tributario justo. Esta medida busca proteger la recaudación de impuestos y asegurar una distribución equitativa de los ingresos fiscales entre los países miembros de la Unión Europea.

La adaptación de la legislación española a estas directrices europeas ha llevado a modificaciones en la Ley General Tributaria para alinearse con los requisitos de la DAC 6, reflejando un equilibrio entre la protección de la confidencialidad profesional y la necesidad de una mayor transparencia en la fiscalidad.

En resumen, mientras que los asesores fiscales deben reportar las estrategias fiscales cuestionables, los abogados están protegidos por el secreto profesional y no tienen que hacer lo mismo. Esta diferenciación intenta equilibrar la necesidad de transparencia en la fiscalidad con la protección de la confidencialidad en la asesoría legal.